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Paul Díaz Rife dice:
La Cámara de Diputado aprobó y convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de ejecución de la Pena que rige las excarcelaciones para obligar a los autores de delitos graves a cumplir condenas completas, sin salidas anticipadas o transitorias.
Con la presencia en el recinto de familiares de víctimas de delitos violentos, la Cámara baja ratificó las modificaciones introducidas por el Senado a la iniciativa, que reforma la Ley 24.660 y dispuso que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas transitorias o la libertad condicional.
La propuesta fue sancionada con 170 votos positivos, ocho negativos y siete abstenciones.
Entre los que rechazaron el proyecto estaban Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González (Frente de Izquierda), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).
En tanto que se abstuvieron Guillermo Carmona (Frente para la Victoria), Victoria Donda, Federico Masso y Graciela Cousinet (Libres del Sur), Lucila Duré (Socialista), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) y Mirta Tundis (Frente Renovador).
“A partir de la entrada en vigencia de la ley votada hoy (por ayer), en todos aquellos casos de delitos violentos, como homicidios agravados, violaciones, robos con arma, los condenados deberán cumplir la totalidad de la condena dentro de las cárceles”, puntualizó el radical Luis Petri.
En este contexto, el mendocino explicó que “previo a la sanción de esta ley, estas personas accedían a salidas transitorias o a un régimen de libertad condicional, que en muchos casos utilizaban para profugarse o para continuar cometiendo delitos”.
El Senado había aprobado el proyecto que salió de Diputados con varias modificaciones, ya que redujo la cantidad de delitos que pueden ser beneficiados con excarcelaciones.
En la propuesta sancionada por la Cámara alta se excluyeron los delitos de homicidio simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo como imposibilitados a acceder a la libertad anticipada.
Asimismo, el Senado había atenuado la intervención del Servicio Penitenciario para el otorgamiento de salidas anticipadas, como proponía la reforma, ya que la decisión recaerá en el juez de ejecución penal. La modificación de la ley cobró impulso tras el asesinato de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, supuestamente a manos de un violador que había obtenido la libertad antes de cumplir toda su condena.
