"No fue un golpe contra Vidal", dijo el abogado de uno de los fugados.
La escandalosa fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que se escaparon por la puerta del penal de máxima seguridad de General Alvear, genera la inevitable pregunta de "cómo fueron capaces de financiar la compra de voluntades" para lograrlo. Pero también, sobre si se trata en realidad de una maniobra política para perjudicar al gobierno recién estrenado en la Provincia.
Esa misma pregunta se hace el abogado de Cristian Lanatta, uno de los prófugos. Roberto Casorla Yalet habló de"corrupción penitenciaria", en esa cárcel en particular, la Unidad Penal 30 de General Alvear. Y trató de despegar a su defendido de cualquier implicancia política.
Para Casorla Yalet no hay duda que la fuga de estos tres condenados contó con la ayuda de alguien dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, una fuerza de seguridad que tiene en su haber varios episodios de corrupción institucionalizada. "No hay manera de que ningún interno pueda acceder a contar con uniformes o ropa similar al personal", consideró en declaraciones a Radio La Red.
De esta manera, el abogado le quitó algo de presión a los gobiernos recién llegados de María Eugenia Vidal, en la provincia, y de Mauricio Macri, en la Nación. "No fue un golpe contra Vidal", enfatizó Casorla Yalet.
Para el letrado, está claro que "si hubiese sido un golpe contra la gobernadora, hubiera habido fugas simultaneas en más de una unidad; ahí hablaríamos de un atentado a la gobernabilidad".
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