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La gobernadora Vidal suspendió la designación de Albarracín.

Así lo dice el decreto firmado por la gobernadora, luego de ser denunciado tras la fuga de los hermanos Lanatta junto a Víctor Schillaci del penal de máxima seguridad de General Alvear en diciembre pasado.

LA PLATA (Corresponsalía)

Un decreto firmado por la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, puso freno a la designación del Dr. César Albarracín como Fiscal de Casación Penal, que precisamente había sido confirmado en el puesto por la misma vía, aunque por el ex gobernador Daniel Osvaldo Scioli.

El escándalo que desembocó en esta suspensión "hasta que se deslinde su responsabilidad" o se confirme su culpabilidad, se da en el marco de la denuncia realizada por el CELS y la CPM, en la que se pone en duda la idoneidad de Albarracín para cumplir con las funciones que demanda el cargo de casación, sobre todo luego de una causa iniciada en su contra a raíz de la triple fuga del penal de General Alvear.

César Albarracín se desempeñó como responsable de la Subsecretaría de Política Criminal durante 6 años. En 2011 su nombre fue votado en una terna por el Senado bonaerense como fiscal adjunto de Casación, pero su designación no se hizo efectiva hasta que a fines del 2015 el entonces gobernador Daniel Scioli firmó el decreto necesario para tal fin.

Tras el pedido a la nueva gestión del Ejecutivo, a cargo de María Eugenia Vidal, de organismos de derechos humanos como la Comisión por la Memoria (CPM) junto a funcionarios judiciales para que revise esta designación, la mandataria tomó nota y actuó en consecuencia firmando un decreto que suspendía esta designación.

Según un cable de la Agencia DIB, el decreto marca que: "Median en el estado actual del procedimiento graves antecedentes que no estaban presentes ni fueron valorados al tiempo de decidir su designación, y ello torna conducente la adopción de medidas efectivas tendientes a resguardar el interés público comprometido, que debe prevalecer sobre cualquier expectativa personal". Es por ese motivo, que el articulado del decreto sostiene que el nombramiento de Albarracín queda suspendido "hasta tanto se deslinde su responsabilidad administrativa y/o penal".

Albarracín fue designado en el cargo en 2011, pero nunca asumió la responsabilidad debido a que se desempeñó como titular de la Subsecretaría de Política Criminal, evidenciando ?según consta en el pedido hecho por la CPM y la CELS a Vidal- un "injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable" sin más explicación que la que puede encontrarse en "los intereses personales del candidato que privilegió la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, en evidente desmedro de la justicia y los derechos".

Si bien esa es uno de los puntos fuertes de la misiva a la gobernadora,, también se critica la situación carcelaria padecida por los detenidos durante los casi 7 años de gestión de Albarracín. Desde la CPM afirman que durante su gestión al frente de la Subsecretaría de Política Criminal se sucedieron pésimas condiciones de detención, corrupción dentro de la estructura penitenciaria, circulación de armas de fabricación casera, violencia, tortura y muerte, que además de ser negadas, no fueron combatidas por Albarracín, que finalmente "obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar".