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Un presunto caso de mala praxis, que en marzo de 2014 tuvo como víctima a un menor de 17 años en el centro asistencial privado que está en Mitre y Lavalle, es materia de este debate. El traumatólogo y un aparente anestesista que intervinieron en la operación del chico, al que debían colocarle una prótesis por la fractura del fémur de su pierna izquierda, son los acusados.
Dos platenses con actuales domicilios en esta ciudad son los imputados. Uno de ellos es un médico especialista en traumatología llamado Sergio Oscar Migliorero, de 58 años.
Se lo acusa del homicidio culposo del menor, paciente fallecido en uno de los quirófanos de la clínica privada situada en Avenida Mitre y Lavalle de este medio.
El deceso ocurrió cuando al adolescente lo estaban operando de una lesión ósea en una de sus piernas, sufrida en un accidente de tránsito que días antes protagonizara en General Alvear, la ciudad donde residía junto con su familia.
El otro imputado es el médico que se desempeñó como anestesista cuando se produjo el deceso de la víctima de este hecho. Se trata de un hombre que tiene 61 años y que se llama Ariel Roberto Mullen.
Este último es quien afronta los cargos más graves en el marco de lo que está siendo este debate. Además de un homicidio simple con dolo eventual, Mullen está acusado del delito de falsificación de instrumento privado, ya que en la Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante la fiscal Laura Margaretic no fueron hallados elementos que sirvieran para demostrar con la certeza necesaria que el médico es especialista en anestesiología.
La misma funcionaria judicial es quien está representando al Ministerio Público Fiscal en este debate iniciado ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1.
El juez Martín Céspedes está presidiendo el tribunal para este juicio, que también integran los Drs. Joaquín Duba y Carlos Pagliere (h), este último perteneciente al TOC 2.
El abogado olavarriense Jorge Piazza está desempeñándose como Particular Damnificado en el proceso iniciado ayer. En su caso, lo hace en representación de los familiares del menor fallecido.
Al mismo tiempo, son dos defensores particulares los que patrocinan a los médicos acusados: el abogado Julio Vélez al traumatólogo y su colega Luciano Di Pietro al presunto anestesiólogo.
“Una muerte evitable”
Los lineamientos de las partes, fundamentalmente el de la fiscal Margaretic, sirvieron para conocer ayer en el debate más detalles de este presunto caso de mala praxis ocurrido en el Sanatorio Azul el 19 de marzo del año 2014.
Aquel día Leonardo Villarruel falleció instantes después a que había finalizado esa intervención quirúrgica en la que le fue colocada una prótesis, después de que en el accidente de tránsito que días antes había protagonizado en General Alvear sufriera la fractura del fémur de su pierna izquierda.
Contando con la adhesión a los dichos de la titular de la UFI 2 que hizo el abogado de la familia Villarruel, la Fiscal ubicó a lo sucedido en el quirófano número 2 de la clínica privada azuleña.
En ese contexto, responsabilizó a los médicos Migliorero y Mullen por lo que la funcionaria judicial consideró era “una muerte evitable”.
Migliorero fue quien operó al adolescente, en tanto que Mullen se desempeñó aquella mañana en el quirófano como anestesista.
La Fiscal titular de la UFI 2 apunta a demostrar en este juicio que la muerte del adolescente fue el saldo de una serie de irregularidades que tuvieron, según lo que ella misma investigó, a ambos médicos con responsabilidades distintas pero que los convierten, a su entender, en los autores de los ilícitos ya referidos.
Habló también en su lineamiento de que los dos “incumplieron” los deberes que tenían a su cargo durante lo que fue esa operación.
En el caso de Mullen, afirmó que no lo controló de manera permanente a través del monitoreo, teniendo en cuenta además -según diferentes versiones de testigos escuchadas ayer en esta primera jornada del juicio- que durante el transcurso de la operación abandonó el quirófano.
También mencionó, a través de esa investigación penal que llevó adelante, la dudosa condición de especialista en anestesiología de uno de los encausados, algo que ya está siendo materia de discusión en este debate.
El primero en ser procesado en esa investigación fue el médico que se desempeñó como anestesiólogo durante la operación del menor. Y después surgió también como otro imputado Migliorero, teniendo en cuenta que fue quien llevó a cabo la operación, aunque para la fiscal Margaretic, si bien considera que ambos tuvieron responsabilidades en lo sucedido, no les endilga a los dos el mismo grado de incidencia en la muerte del menor, ya que el delito más grave se lo imputa a Mullen.
En ese sentido, cabe recordar que durante la instrucción de esta causa penal la titular de la UFI 2 había pedido, además de ese cambio de calificación para el hecho que le atribuía a Mullen, su detención.
Pero la aplicación de esa medida cautelar no prosperó, ya que un juez de Garantías –el Dr. Federico Barberena- rechazó el pedido para que el presunto anestesista fuera detenido, por lo que, al igual que Migliorero, ambos llegaron en libertad a este debate.
Los enfoques de las defensas de los médicos fueron, obviamente, diferentes al de la representante del Ministerio Público Fiscal.
Para el abogado Julio Vélez, según afirmó en su lineamiento, no está acreditado el ilícito que se le atribuye a su defendido, por lo que adelantó que solicitaría su absolución cuando el debate ingrese en la etapa de los alegatos, por entender que Migliorero no tuvo responsabilidad alguna en el deceso del menor, ocurrido instantes después a que su defendido había terminado de operarlo de esa lesión ósea en una de sus piernas.
En el caso del abogado Di Pietro, aspira también a que el médico Mullen sea absuelto. Desde su punto de vista, no concurren en el caso todos los requisitos necesarios para acreditar una figura penal como la de un “homicidio simple con dolo eventual” como el que se le está imputando a Mullen.
En subsidio, además, adelantó que aspira -en caso de que el médico sea condenado por el Tribunal- a que lo sea como autor penalmente responsable de un “homicidio culposo”, la misma figura penal que le atribuyen al otro profesional de la salud procesado por esta presunta mala praxis.
“Me lo mataron”
La primera de las audiencias vinculadas con este juicio arrancó ayer minutos después de las nueve y se extendió hasta cuando el reloj marcaba que era cerca de la hora 16.
La sala de debates que está ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia local estuvo prácticamente colmada de público, en el marco de un proceso donde el presidente del TOC 1 -el juez Céspedes- informó que, a modo de registro de lo que está siendo este juicio oral, el debate quedará completamente filmado.
La recepción de la prueba testimonial se inició con los dichos con relación a lo sucedido que brindó el papá del adolescente fallecido en este presunto caso de mala praxis: un policía llamado Julián Darío Villarruel.
Mientras que entre los asistentes había ayer varios familiares y conocidos de su hijo, los cuales tenían colgados pequeños carteles con la foto de Leo y un pedido de “Justicia”, Villarruel padre describió la manera en que aquello que parecía una sencilla intervención quirúrgica terminó en el Sanatorio Azul, ese ya mencionado 19 de marzo de 2014, de la peor manera para su hijo de 17 años. Es decir, con su muerte.
El hombre, desde que el hecho ocurrió, encabezó diferentes movilizaciones en reclamo de justicia por lo sucedido, las cuales en varias de esas oportunidades tuvieron como escenario esta ciudad. Concretamente, la plaza principal, el Sanatorio Azul y también el mismo edificio de Tribunales donde ahora se está llevando a cabo este juicio.
Por momentos quebrado por el dolor de una muerte que -según lo sostuvo la fiscal Margaretic- era “evitable”, Villarruel padre dejó a lo largo de su testimonio diferentes declaraciones que sirvieron para conocer más de cerca todo lo que pasó desde que su hijo -el 9 de marzo de 2014- se accidentó en General Alvear y ese mismo día lo derivaron al Sanatorio Azul hasta que, diez días después, lo operaron de esa lesión ósea en su pierna izquierda que se tradujo en su deceso.
El hombre recordó que su hijo, más allá de esa fractura que presentaba, ingresó en perfecto estado al centro asistencial privado local y que de esa manera aguardó la llegada de una prótesis.
La misma se consiguió a través de una obra social, la cual recién pudieron colocarle en su pierna izquierda ese 19 de marzo de 2014 en que lo sometieron a una cirugía a causa de ese fémur que se había quebrado en el accidente.
Tras varios días de espera, el adolescente permaneció internado en el Sanatorio Azul y, según su papá, durante todos esos días mantuvo diálogos con el traumatólogo que después intervino en la operación y ahora figura como uno de los imputados por el deceso del chico.
“Migliorero en todo momento me decía que era una pavada, que me quedara tranquilo”, contó ayer Villarruel padre sobre esos diálogos que en el Sanatorio Azul él mantenía con el médico para referirse a lo que iba a ser la operación de su hijo.
“Lo único que siempre me decía era que esta era una operación sencilla”, agregó el padre de Leo durante lo que fue su declaración.
Pero todo se complicó de repente, cuando aquella mañana del 19 de marzo de 2014 se realizó la operación.
“Yo les ví las caras de preocupados”, mencionó Villarruel padre al recordar la manera en que Migliorero y otros médicos iban saliendo del quirófano tras la operación en la que su hijo murió.
Tanto él como los demás integrantes de su familia fueron convirtiéndose aquella mañana en testigos de lo que pasaba en el interior de ese quirófano del Sanatorio Azul identificado con el número 2.
“Están peleando por la vida de Leíto, se descompensó”, contó que Migliorero le dijo ni bien salió del quirófano, en un estado bastante alterado por lo que estaba pasando.
Pero Villarruel, según mencionó, intuyó que algo no andaba bien. Y a modo de respuesta, le dijo al traumatólogo en ese instante: “Me lo mataron”.
“Para mí ya estaba muerto. Yo estaba desesperado, pero no podía quebrarme delante de mi familia”, contó sobre lo que fue ese momento.
Después, al ingresar al quirófano, Villarruel padre confirmó aquella mañana lo que ya presagiaba. “Ahí es donde me encontré con mi hijo muerto”, recordó ayer.
“¡Qué hicieron…! ¡Mirá el cagadón que se mandaron…!”, contó que también alcanzó a decirle al médico Migliorero.
Según el relato de Villarruel padre, el médico traumatólogo “temblaba como una hoja” mientras él le decía eso. “Pero el Sr. Mullen no”.
Este último llegó a decirle también que su hijo había fallecido porque era “obeso”, ya que eso implicaba un riesgo para la operación a la que fue sometido.
Días más tarde a ocurrido el deceso de Leo Villarruel, el médico Mullen fue apartado del staff de profesionales del Sanatorio Azul.
Para ese entonces, la fiscal Margaretic ya había allanado ese quirófano donde el chico fue operado, además de que secuestró diferente documentación considerada de interés para la investigación penal que había iniciado.
Junto con eso, ordenó que la autopsia al cadáver la realizara un médico de Benito Juárez, ajeno al ámbito local.
Precisamente el testimonio de ese médico se convirtió ayer en otro de los de importancia, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo brindando sus conclusiones, tanto sobre la autopsia que hizo como de una inspección que realizó al Sanatorio Azul. Específicamente, al quirófano donde el adolescente fue operado y falleció, un lugar del que en principio se mencionó que por su estructura y otras cuestiones presentaba diferentes irregularidades.
Tras la declaración de Graciela Cardoso, la mamá del adolescente fallecido, en tercer término lo hizo ayer en carácter de testigo el cardiólogo que estuvo a cargo de la autopsia, el cual se desempeña en Benito Juárez como médico de Policía.
Llamado Hernán Musciatti, uno de los tantos conceptos vertidos en su declaración de ayer en el juicio apuntó a que el cuerpo del adolescente fallecido “no tenía marcas externas de haber sido monitoreado”.
Sobre si Leonardo Villarruel fue monitoreado mientras la operación se llevaba a cabo se ha hablado mucho hasta el momento. Y esa cuestión aparece como una de las irregularidades que habrían derivado en su deceso.
Un “edema agudo de pulmón” fue -según dijo el especialista- la causa de la muerte del menor.
Al momento de ser operado, le habían dado lo que se llama una “anestesia raquídea”.
Dicha anestesia -la misma que les aplican a las embarazadas al momento de dar a luz por cesárea o para que el parto natural sea menos doloroso- le fue proporcionada por la columna, llegando de esa manera a la médula y logrando anestesiar así desde la cintura para abajo del paciente.
Según pudo comprobar el médico Musciatti, en el quirófano no había desfibrilador, aparato necesario para cuando un paciente sufre un paro cardíaco, tal lo que le sucedió al adolescente una vez que se descompensó.
Además, habló de la existencia de falencias estructurales en ese quirófano donde Villarruel fue operado y terminó muriendo.
Doctores y una enfermera
Cuatro médicos, todos especialistas en traumatología que trabajan en el Sanatorio Azul, y una enfermera que estuvo en el quirófano durante la operación de Leonardo Villarruel le pusieron ayer punto final a la primera de las audiencias por este juicio.
De esa manera, pasaron por la sala de debates los Drs. Pablo Regazzoni, Eduardo Burgos -quien, además, es socio accionista del centro asistencial donde falleció el adolescente-, Ignacio Baldini y Oscar Fucci.
Algunos de ellos, tal el caso del Dr. Fucci y Baldini, participaron en la operación.
Burgos, en tanto, apareció después en el quirófano para intervenir en las tareas de reanimación, al igual que otro médico anestesiólogo del Sanatorio Azul, llamado Diego Vaustat. Mientras tanto, Regazzoni estaba en el otro quirófano -el identificado con el número 1- cuando se produjo toda esta situación ahora convertida en materia de un juicio oral.
En general, no fue mucho lo que aportaron con sus dichos los médicos. Y para la fiscal Margaretic se convirtió en una verdadera odisea, en algunos de los casos, poder tan siquiera lograr que los profesionales le dijeran quiénes estaban en el quirófano cuando Leo Villarruel fue operado y después murió.
Los médicos fueron coincidentes en señalar que habían operado en varias ocasiones con Mullen como anestesista y que era común que el acusado se retirara por algunos instantes del quirófano, algo que también sucedió ese día en que el adolescente se descompensó y después murió.
La que aportó más datos sobre lo que pasó aquella mañana del 19 de marzo de 2014 en el quirófano número 1 del Sanatorio Azul fue Mariana Andrea Córdoba.
Ella era la enfermera de quirófano cuando la muerte del adolescente se produjo.
Teniendo en cuenta el tipo de anestesia que le habían dado al menor, recordó que mantuvo diálogo con él mientras estaba siendo operado.
Fue esa enfermera la que también se dio cuenta de que algo no estaba bien con el chico, ya que en un momento observó que había dejado de hablarle, lo que instantes después se tradujo en que fuera avisado de lo que estaba sucediendo el médico Mullen.
Lo que pasó después ya es conocido: Leonardo Paul Villarruel murió. Y ahora, por aquello que pasó aquel 19 de marzo de 2014 en el Sanatorio Azul, hay dos médicos que están siendo juzgados, con el fin de determinar qué responsabilidades -a título de reproche penal- ambos tuvieron en una operación que parecía de rutina y terminó de la peor manera para ese chico al que había que colocarle una prótesis en una de sus piernas.
AGRADECEMOS AL DIARIO EL TIEMPOEl datoEl juicio continuará hoy por la mañana, a partir de las nueve, con la presencia de más testigos ofrecidos por las partes. Se espera, entre otros, la presencia en el debate de quien se desempeñó como instrumentista en la operación, una mujer llamada Patricia Sánchez. La fiscal Margaretic había pedido que su declaración se incorporara por lectura, a lo que las defensas de ambos médicos se opusieron, por lo que después el Tribunal resolvió que la mujer concurra al juicio. Además, está pendiente de resolución, ya que no ha sido hallado hasta ahora, qué sucederá con el anestesiólogo Diego Vaustat. La representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó incorporar al debate el testimonio que al médico le tomó durante la investigación. Los abogados Julio Vélez y Luciano Di Pietro deberán decidir hoy si avalan ese pedido o si lo rechazan. En caso de que esto último suceda, serán los jueces del Tribunal los que tendrán la última palabra con relación a este testigo.
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