El Gobierno le quitó poder a Ctera y eliminó paritarias nacionales por decreto
La medida fue duramente criticada por Ctera, que adelantó que denunciará al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que el decreto es “un mamarracho jurídico”.
El Gobierno eliminó por decreto la discusión de los salarios docentes en la paritaria nacional y le quitó poder a Ctera, un gremio que Cambiemos emparenta con el kirchnerismo, en la mesa de discusión en la que se discute el convenio marco del sector.
A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Financiamiento Educativo, cambiando el criterio de reparto de los espacios que ocupaba cada gremio en la negociación paritaria, y restándole poder a Ctera, que hasta ahora tenía mayoría absoluta.
Además, definió un mecanismo de actualización automática para el "sueldo testigo", que a partir de ahora será un 20% superior al salario mínimo, vital y móvil. De este modo, se elimina formalmente la paritaria salarial nacional, cuya falta de realización fue uno de los disparadores de la dura disputa protagonizada el año pasado por los gremios bonaerenses y la Provincia.
La medida fue duramente criticada por Ctera, que adelantó que denunciará al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que el decreto es "un mamarracho jurídico".
Puntualmente, el decreto elimina el esquema proporcional de representación, vinculado con la cantidad de afiliados de cada sindicato, y establece que cada una de las cinco organizaciones que participan de la mesa contará con un representante, sin importar el peso específico de cada una.
En el actual reparto proporcional, Ctera cuenta con cinco lugares y los otros cuatro gremios con representación nacional (UDA, Sadop, CEA y AMET), uno cada uno. Ahora cada organización contará con un participante, pero la mesa se reducirá con la salida de Sadop, que representa a los maestros de escuelas privadas.
En los hechos, la reforma busca licuar el poder de Ctera, que representa a más del 70 por ciento de los maestros de todo el país, y cuya capacidad de presión es clave para definir el éxito o fracaso de los paros docentes. La central hoy está alineada con la CTA más kirchnerista, conducida por el diputado nacional de Unidad Ciudadana, Hugo Yasky.
Sin paritaria
En otro cambio polémico, el decreto presidencial formaliza la eliminación de la instancia de paritaria nacional, que el año pasado ya no se había aplicado.
Bajo el argumento de que la situación de las provincias es muy dispar, la norma reemplaza la paritaria nacional con un esquema que prevé aumentar el sueldo mínimo docente de manera automática todos los años un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.
La ausencia de paritaria nacional fue uno de los principales reclamos de los gremios docentes en el inicio de la paritaria: hasta 2016 esa instancia definía un "salario testigo", del que ninguna provincia podía bajarse. En esa instancia, gracias al sistema de proporcionalidad, tallaba fuerte Ctera, cuya negativa a acordar la oferta oficial trababa las negociaciones provinciales.
Sin la discusión salarial, la mesa de discusión seguirá funcionando únicamente para discutir pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente.
Cruces y denuncia a la OIT
El decreto modificatorio de la Ley de Financiamiento Educativo fue considerado "ilegal" por los gremios, que siguen reclamando que esa discusión se dé en el marco de la paritaria nacional.
Al respecto, el secretario general Suteba, Roberto Baradel, criticó la decisión del Ejecutivo y lo consideró "un mamarracho" de parte de un "Gobierno autoritario que no quiere discutir".
En tanto, Ctera anunció hoy que denunciará el decreto ante la OIT. La organización consideró que el decreto es "un nuevo ataque a las organizaciones sindicales docentes". Y agregó: "El Gobierno avanza con el desmantelamiento de la instancia de negociaciones colectivas a nivel nacional, modificando de manera unilateral los acuerdos que habían establecido los sindicatos docentes con representatividad reconocida como Ctera, Sadop, CEA, Amet y UDA".
Por su parte, el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el decreto "no es contra nadie" sino que busca "ordenar" y "poner blanco sobre negro" en relación a "la confusión que existía cuando se hablaba de la existencia de una paritaria nacional".
"Por un lado, plasma el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos nacionales en 2016 que establece un piso salarial para todos los docentes del país -equilibra posibles asimetrías de base-, conformado por el salario mínimo vital y móvil más un 20%", sostuvo Finocchiaro.
Además, dijo que por otro lado esta normativa garantiza el funcionamiento de un convenio marco "con pautas claras que permitan debatir temas como carrera docente, promoción, derechos sociales, previsionales, etc., con la participación igualitaria de todos los sindicatos docentes con personería nacional".
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