La duda llegó desde el lugar menos esperado. La diputada Elisa Carrió,        socia política del presidente Mauricio Macri en la alianza de gobierno              que comparte con los radicales, planteó hace casi 10 días que le                  pediría explicaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña,sobre el método            que se utilizó para calcular los aumentos de tarifas. Así, sembró las    sospechas con respecto a las potenciales ganancias que obtienen las compañías de servicios públicos, en especial tras la mejora en sus          ingresos que propuso la gestión actual.
Un sondeo hecho por LA NACION sobre la base de los balances que                  las empresas presentan todos los años a la Comisión Nacional de            Valores (CNV), el organismo que controla a las firmas que cotizan en                  la Bolsa, permite llegar a una conclusión relativamente sencilla: tres                  de las cuatro mayores compañías de servicios públicos del área      metropolitana tuvieron un incremento notable en sus ganancias tras                  los aumentos de  tarifas (la única excepción es Edesur), aunque esa                cifra es chica en comparación con el tamaño de su negocio y aún está            lejos de compensar los números rojos que tuvieron en el último                mandato de Cristina Kirchner.
Metrogas y Edenor son los casos de recuperación más notable. La            primera pertenece a YPF, cuyo principal accionista es el Estado              argentino. La distribuidora de gas ganó el año pasado $774,82                  millones, cuando en 2016 había anotado un quebranto de $604,4              millones.
Metrogas viene de años muy malos desde el punto de vista del negocio.             En los ocho años que van desde 2011 -cuando comienza la última              gestión del kirchnerismo- y 2017, tuvo números rojos en cinco períodos.
Edenor, en tanto, ganó el año pasado $691,26 millones, contra los                  $1183 millones que perdió en el período anterior. La situación de la        compañía    que pertenece a Pampa Energía, señalados por algunos            socios de Macri como su empresario preferido, no es muy distinta en                el último tiempo a la de Metrogas. Entre 2011 y el año pasado, anotó        pérdidas en cuatro oportunidad y ganancias en tres.
Edesur está peor aún. El año pasado tuvo un quebranto superior a                    los $1000 millones, por lo que sus pérdidas crecieron 280% de un                período al otro. También tiene el peor registro de los último ocho                    años: sólo ganó dinero en 2015.
El kirchnerismo tuvo una política muy particular en materia energética.    Mientras atendía una parte de los costos de producción a través de        subsidios, mantenía al límite de la supervivencia a las compañías de        servicios públicos, que por la demora en la recomposición de sus              ingresos no podían afrontar a los gastos que implicaba su operación.              Esa situación está largamente documentada en notas dirigidas por                    las compañías a los organismos reguladores, demandas judiciales y    entrevistas con medios de comunicación.
Pese a que en el gobierno de Néstor Kirchner se había llegado a              acuerdos para recomponer su situación con la mayoría de ellas,                    nunca se pusieron en práctica por el temor que generaban los                aumentos de tarifas en los inquilinos de la Casa Rosada.
Ante la falta de recursos, las empresas disminuyeron al mínimo sus inversiones. En el caso del gas, por ejemplo, se dejó de extender la                  red, y en los últimos años las compañías distribuidoras dejaron de                  pagar a las productoras, como YPF, Pan American Energy y Total, el        producto que vendían.
Algo similar hicieron las eléctricas, que interrumpieron los pagos con Cammesa, la compañía administradora del mercado mayorista,              encargada de pagarles a las generadoras que producen la energía.
A cambio el kirchnerismo, primero a través de Julio De Vido              (Planificación) y luego Axel Kicillof (Economía), asistían con            transferencias a las empresas para mantenerlas apenas por encima                    de la línea de flotación. Un ejemplo: en julio de 2014, Edesur le pidió al Gobierno que se haga cargo de los aumentos salariales de ese período.            En aquella ocasión fueron $650 millones.
Tras las recomposición de tarifas que propuso la gestión actual -        comenzaron de lleno el año pasado y se extenderán hasta 2019-, el          Gobierno espera que las empresas recuperen la ecuación económico      financiar que les dé previsibilidad, aumenten las inversiones y                    mejoren el servicio, algo que empezó a verse tímidamente en el caso        eléctrico según los números oficiales.