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Corrupción policial: rechazaron las excarcelaciones para dos imputados

Los cuatro efectivos están presos en la unidad 30.

Los pedidos de liberaciones para los policías azuleños José Luis Arrubia          y Emiliano José Sparaíno habían sido presentados por el abogado que              los está patrocinando y fueron denegados por el Juez de Garantías que entiende en la causa. Ese mismo abogado solicitó la eximición de prisión      para dos policías más que hasta el momento no han sido procesados.

El Juez de Garantías que entiende en la causa penal que tiene presos a      cuatro policías del Área de Seguridad Vial procesados por hechos de corrupción rechazó las excarcelaciones de dos de los imputados, en      respuesta a un pedido que había sido presentado por el abogado que        defiende a esos efectivos de seguridad.

Además Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías número                3 con sede en los Tribunales de Azul- tiene que resolver en estos días              dos pedidos similares que fueron presentados para los otros acusados.

Mientras tanto, todos esos efectivos de seguridad -dos capitanes, un subcomisario y un oficial subinspector pertenecientes a la Policía de la Provincia- continúan detenidos en la Unidad 30, después de que se            habían negado a declarar cuando fueron indagados por esos ilícitos                  que les imputan.

A esa cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense que está situada en             la ciudad de General Alvear habían sido trasladados desde la Delegación      Azul de la Policía Federal Argentina el pasado sábado 12 del corriente            mes.

Dos días antes, es decir el jueves 10, los cuatro efectivos de seguridad        habían sido detenidos durante una serie de allanamientos ordenados                en el marco de esa Investigación Penal Preparatoria que está llevando      adelante desde la UFI 1 departamental con sede en los Tribunales de                Azul el fiscal Marcelo Fernández.

Esos procedimientos en las dependencias de seguridad donde los            policías desempeñaban funciones -los destacamentos de Seguridad                Vial que están en Tandil, Azul, Las Flores y Monte- incluyeron también              que fueran requisados sus vehículos y que se allanaran las casas donde        viven.

Los policías que están presos habían sido identificados como Emiliano          José Sparaíno, nacido en Azul y de 36 años años; José Luis Arrubia,        también oriundo de esta ciudad y de 48 años; Javier Enrique Murray (47),          que había sido detenido en Las Flores; y Raúl Exequiel Ferreyra, de 34          años

Los pedidos de excarcelaciones que el pasado martes el juez de            Garantías Suárez denegó habían sido presentados por el abogado              Néstor Musa para los dos policías azuleños a los que defiende: el              capitán Arrubia y el subcomisario Sparaíno

Mientras que el primero de los efectivos mencionados desempeñaba        funciones en el Destacamento de Seguridad Vial ubicado en el kilómetro          298 de la Ruta 3, en jurisdicción de Azul; desde marzo pasado Sparaíno      estaba a cargo de la seccional que está en Tandil cuando también fue      detenido como uno de los imputados en esa causa penal que instruye el      fiscal Fernández.

Todos los policías que están presos figuran acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias y omisión            ilegítima de los deberes de funcionario público.

Teniendo en cuenta la calificación que en principio tiene la causa y que              el delito más grave que se les atribuye a los efectivos de seguridad        contempla penas que van desde los tres a diez años de prisión, el juez         Suárez consideró que las situaciones procesales de Arrubia y Sparaíno            no se encuadraban dentro de los supuestos establecidos para que                fueran excarcelados.

Eso hizo que rechazara los pedidos para que ambos funcionarios          policiales azuleños recuperaran la libertad.

Además, esos montos de pena ya referidos evidencian para el              magistrado una eventual “presunción legal de elusión de la justicia”                  en caso de que queden libres, otro de los motivos por los cuales                denegó las excarcelaciones de los policías azuleños.

“Siendo el monto de la pena un parámetro válido para inferir el riesgo      procesal de elusión de la justicia” -escribió en el dictamen el titular de Garantías 3 citando jurisprudencia de la Cámara Penal departamental                  al respecto- y al no encuadrar las situaciones de ambos policías en esas excarcelaciones solicitadas por el abogado que los está patrocinando,              el juez concluyó que en este caso en particular “se advierte la              presunción de fuga derivada del alto monto de pena en expectativa                antes mencionada”.

Aspecto que desde el punto de vista del magistrado “tiene la entidad    suficiente, por ser un elemento objetivo de prueba, para fundar el              rechazo del beneficio solicitado, sin violar principio o garantías constitucionales”, señaló también en ambos dictámenes.

“Por lo tanto, no existiendo otro medio menos lesivo que igualmente      garantice el sometimiento a proceso (de los dos imputados), esta              medida de coerción no resulta, a este momento de su dictado, desproporcionada con relación al fin perseguido”, concluyó

Teniendo en cuenta lo sostenido por el juez de Garantías Suárez con            relación a dos de los policías imputados, es muy probable que -por los      mismos argumentos esgrimidos por el magistrado en los dictámenes        citados- tampoco prosperen los pedidos de excarcelaciones sobre los            que tiene que resolver en estos días con relación a los otros detenidos:            el capitán Murray y el oficial subinspector Ferreyra.

Ambas solicitudes habían sido presentadas en el Juzgado de Garantías              3 por los abogados que patrocinan a esos policías. En el caso de Murray,            el defensor Oficial Diego Prado; y en el de Ferreyra otro defensor          Particular: Rodolfo Baqué.

    El dato

Los nombres de dos policías más han surgido ahora en el marco de esta investigación penal que se está llevando adelante. Según fuentes          judiciales señalaron a EL TIEMPO, para ambos efectivos de seguridad -        cuyas identidades en principio no trascendieron- el abogado Néstor              Musa había presentado en el Juzgado de Garantías 3 sendos pedidos de eximición de prisión. Pero todavía el juez Suárez no se expidió sobre            dicha solicitud, a la espera de que avance esa causa que sigue              instruyendo el fiscal Fernández y si, finalmente, esos policías aparecen       también como imputados.

ACUSADOS DE COBRAR COIMAS EN LAS RUTAS

Mientras que el fiscal Marcelo Fernández continúa reuniendo elementos        para solicitar en los próximos días que las detenciones de los policías            sean convertidas en prisiones preventivas, pedidos que serán            presentados ante el mismo Juez de Garantías que días atrás denegó                  las excarcelaciones de dos de los acusados, los elementos reunidos                hasta el momento en esta Investigación Penal Preparatoria podrían                  incluir que más efectivos de seguridad sean procesados.

Esa afirmación se basa en dos aspectos surgidos desde la propia    investigación penal. Uno de ellos se relaciona con los pedidos de            eximición de prisión presentados para dos policías que hasta el                momento no han sido procesados. El otro, con lo que el propio juez de Garantías Suárez sostuviera días atrás, en ocasión de que diera lugar                  a los pedidos del fiscal Fernández para los allanamientos y las              detenciones de los cuatro policías que ahora están en la Unidad 30

La “operatoria ilícita” que les están imputando a los efectivos de            seguridad, al parecer, implicaba el cobro de coimas a conductores -y        también a empresas de transportes- de vehículos que circulaban por                las rutas 3 y 226.

En ese corredor vial están situadas las dependencias policiales donde               los imputados desempeñaban funciones.

A criterio de los investigadores, ese accionar delictivo no sería            desconocido “por los superiores jerárquicos de los nombrados –se        mencionó en alusión a los cuatro policías que están presos-, que probablemente también recibieron sumas de dinero para omitir todo                acto tendiente a hacer cesar el modus operadi”, había sostenido el juez              de Garantías Suárez cuando ordenara las detenciones de los capitanes      Arrubia y Murray, del subcomisario Sparaíno y del oficial subinspector       Ferreyra.

Tras una denuncia formulada en Tandil, a los policías se los está        investigando por el accionar desplegado desde enero a inicios de este          mes.

En principio, está demostrado que “un grupo conformado por personas conocidas entre sí por sus vínculos laborales y de amistad o trato                   frecuente, quienes revisten la calidad de funcionarios policiales, entre              los que podemos identificar a Javier Alberto Murray -que desempeñaba      tareas en el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores y vive en esa ciudad-; José Luis Arrubia -domiciliado en Azul, donde trabajaba en la seccional que está en el kilómetro 298 de la Ruta 3-; Raúl Exequiel          Ferreyra -con funciones en el Destacamento Vial de San Miguel del              Monte- y Emiliano José Sparaino -que estaba a cargo del destacamento            de Tandil- integraron en forma organizada una asociación con el              propósito colectivo de cometer delitos en perjuicio de distintas personas            en el ámbito jurisdiccional perteneciente a la Superintendencia de          Seguridad Vial”.

Ese ámbito estaba delimitado por el ya mencionado corredor vial “de                los distintos partidos que conforman la Jefatura Zonal de Seguridad Vial            de la Policía de la Provincia de Bunos Aires”, a través de las seccionales policiales allanadas el pasado jueves 10 de mayo, que están ubicadas en    Tandil, Azul, Las Flores y Monte.

“En dicha asociación, integrada al menos por Murray, Arrubia, Ferreyra y Sparaíno, los mencionados -desempeñando distintos roles y funciones, abusando  de sus cargos públicos y amparándose en su condición de pertenecer a fuerzas de seguridad encargadas de la seguridad vial-      solicitaban y exigían en forma indebida la entrega de distintas sumas de    dinero a diferentes empresas de camiones y conductores de vehículos              de menor y gran porte, dejando de controlar a los mismos, evitando              exigir la documentación obligatoria para el transporte de mercaderías, Verificaciones Técnicas Vehiculares, luces reglamentarias, cubiertas, comprobante de seguros, etc, a lo que estaban obligados según la              normativa impuesta por la reglamentación vial”, describió el Juez de        Garantías

Otras actividades ilícitas que se les atribuyen a los policías que están          presos incluían “la liberación de controles de transportes en reiteradas ocasiones, solicitando la omisión del levantamiento de actas de            infracción por parte de otras dependencias viales respecto de aquellos transportistas que accedían a sus pedidos de sumas de dinero u            ofreciendo dádivas a cambio”.

De esa manera, hacían valer “indebidamente sus influencias ante otros funcionarios públicos para que no realicen los actos propios de sus incumbencias”.

Entre las pruebas que involucran a los policías que están presos en la        cárcel de General Alvear figuran más de seiscientas horas de escuchas,        luego de que los teléfonos de los encausados fueran intervenidos en el          marco de lo que está siendo esta Investigación Penal Preparatoria.

Texto: Gentileza José Fabián Sotes, Diario El Tiempo, Azul.