| Luego de que se pusiera en peligro hasta la aprobación del Presupuesto 2019, la administración central decidió "hacerse cargo" de los aumentos adicionales en las tarifas de gas que debían pagar los contribuyentes a partir de enero de 2019 debido a la suba del dólar; situación que no había caído nada bien ni siquiera en el radicalismo.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio habría sido el encargado de comunicarle la novedad al senador peronista Miguel Angel Pichetto y a los número uno de las bancadas opositoras de Diputados, por lo que la sesión especial que ya había sido pedida quedaría desactivada; al igual que las diversas presentaciones judiciales.
Vale recordar que antes de la decisión de última hora antes mencionada la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que la deuda con las empresas productoras de gas asciende a 20.000 millones de pesos y pidió al Gobierno que aplique la "teoría del sacrificio compartido".
"Proponemos que, en virtud de la teoría del sacrificio compartido, el 50% de esta suma sea absorbida por las empresas productoras de gas y el resto sea afrontado por el Gobierno Nacional en calidad de subsidio a los usuarios", dijo el partido conducido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Es importante señalar que después de las primeras críticas, el ministro de Justicia, Germán Garvano, señaló que la medida "no es ilegal, ni inconstitucional, es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la presidencia de Carlos Menem"
La referencia era para la Resolución 20/2018 firmada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, la cual indica que los usuarios residenciales, comerciales e industriales de gas deben pagar en 24 cuotas y con intereses una deuda de 10.000 millones de pesos a las gasíferas, por los consumos ya abonados, correspondientes a entre abril y septiembre.
El mismísimo Iguacel se puso al hombro la finalmente desestimada idea del cobro extra. "El distribuidor le traslada el precio al usuario. Y la ley dice que el traslado se lo debe hacer en los próximos seis meses. Para morigerar ese impacto, que sigue siendo duro, lo que hicimos fue que sea en 24 y no en 6 meses. Así, la cuota promedio para resolver este problema es de 90 pesos. En 6 meses, hubiera sido 4 veces más", explicaba el dirigente de Cambiemos.
En declaraciones radiales, el ex candidato a jefe comunal de Exaltación de la Cruz aseguró que ante la denuncia de Marijuan, advirtió que "la Justicia tendrá que revisar todo, tomar una decisión y terminar con esta disputa" y advirtió que si no hubieran aplicado esa corrección, "habrían llovido juicios contra el Estado".
Antes, el secretario de Energía había apuntado contra los trabajadores que se quejan de los constantes aumentos de los servicios públicos y aseguraba que "son militantes kirchneristas". "La mayoría de la gente que se queja del aumento de gas son militantes kirchneristas", consideró en dfeclaraciones a Raio Mitre; lo que provocó una andanada interminable de críticas.
LA DENUNCIA DE MARIJUAN
Apenas realizado el anuncio de la implementación de las 24 cuotas, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución. En el escrito, el titular del Ministerio Público Fiscal solicitó además que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos.
Marijuan considera que el funcionario es "prima facie" autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. "Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores", argumentó el fiscal.
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