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La Defensoría del Pueblo bonaerense alertó sobre el recorte que sufrirá el SEDRONAR

“La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico tendrá $100      millones menos respecto a lo asignado actualmente”.

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense piden extender la emergencia        en adicciones a raíz del recorte presupuestario que sufrirá el área          tendiente a la prevención de drogadicción y lucha contra el narcotráfico.      Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto, disertó en el plenario del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha,    organizado en la Ciudad de Buenos Aires por la Oficina de Naciones          Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí expuso sobre Narcocriminalidad y Derechos Humanos.

Martello destacó la necesidad de avanzar en la creación de una agencia        única y especializada con el fin de prevenir, conjurar, investigar y              combatir los  delitos relativos a la producción, comercio e introducción              o suministro de narcóticos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“Al analizar el presupuesto 2019, surge que la Secretaría de Programación      para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) tendrá $100 millones menos respecto a lo asignado actualmente. A su vez, a fines de diciembre, vence la declaración de emergencia que estableció el gobierno nacional, a través de un decreto,        hace dos años. Si no se renueva la emergencia, el Estado podría              quedarse sin importantes herramientas en momentos en que se prevé              que haya un resurgimiento de drogas más baratas y nocivas. También necesitamos que todas las provincias adhieran a la emergencia,  algo              que hasta el momento solo hicieron algunas jurisdicciones”, explicó        Martello.

De 1233 millones de pesos en 2018, el gobierno nacional fijó 1219              millones para este año, pero finalmente en la discusión en Diputados,                se le agregaron 100 millones de pesos más. Lo que no alcanza para        recuperar lo que se perdió por inflación.

“Existen distintos proyectos con estado parlamentario en el congreso      nacional. Las iniciativas tienen muchos puntos en común, con lo cual        estarían dadas las condiciones para avanzar en la creación de una            agencia única y especializada en la Argentina. Si bien el antecedente              más importante es la DEA estadounidense, es indispensable que la            Agencia especializada de nuestro país esté inspirada en el nuevo          paradigma internacional que implica tener una perspectiva de derechos humanos, reducción de daños y prevención”, sostuvo Martello, quien            está a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos            de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En ese sentido, Martello consideró que el nuevo paradigma internacional también debe llegar a la Justicia de nuestro país. “En la provincia de          Buenos Aires, una de cada tres instrucciones penales preparatorias      vinculadas a la violación a la ley de estupefacientes tiene que ver con          consumo personal o tenencia simple. A nivel federal, la situación es aún      peor. Es indispensable que el problema de las adicciones se trate como            un tema de salud pública, y haya más esfuerzos en combatir el crimen organizado e intentar reducir la oferta”, sostuvo.

El Defensor del Pueblo Adjunto también alertó sobre el impacto que          podrían tener los ajustes presupuestarios en los programas de            prevención que se vienen instrumentando a nivel nacional, en un              contexto donde el consumo de drogas legales e ilegales se viene incrementando producto de la crisis económica.

Durante su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto destacó la          necesidad de avanzar en las recomendaciones operacionales realizadas          por las Naciones Unidas sobre cuestiones intersectoriales: las drogas y derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las            comunidades. Las recomendaciones incluyen:

-Promover políticas, prácticas y directrices nacionales proporcionadas              en lo que respecta a la imposición de penas a los delitos relacionados              con las drogas, de modo que la severidad de las penas sea proporcional              a la gravedad de los delitos y que se tengan en cuenta factores atenuantes.

-Mejorar el acceso de las personas encarceladas al tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas y promover una    supervisión efectiva.

-Alentar a que se tengan en cuenta las necesidades específicas y los      posibles múltiples factores que hacen vulnerables a las mujeres        encarceladas por delitos relacionados con las drogas.

-Promover y aplicar respuestas en materia de justicia penal a los delitos relacionados con las drogas, a fin de llevar a sus autores ante la justicia,          que sean eficaces y respeten las garantías legales y procesales propias            del proceso penal.