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Provincia autorizó el uso de agrotóxicos cerca de escuelas y áreas urbanas

Es la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigencia el 1 de Enero. Contradice un fallo de Corte Suprema.

El gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos             de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos           judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo               de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron         de inconstitucional y "criminal". Organizaciones socioambientales, campesinas y maestros repudiaron la medida y exigieron su         derogación.

A las 8 de la mañana comienzan las clases en las escuelas rurales de Buenos Aires. Hasta las 7.59 los empresarios del agro podrán fumigar       con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros         cuestionados químicos del modelo de agronegocio. Así lo establece la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigencia           el 1 de enero y fue firmada por Leonardo Sarquís, ex gerente de     Monsanto.

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires falló en 2012 y declaró     ilegal una fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros de viviendas y aplicó el "principio precautorio": cuando haya riesgo de afectación del ambiente o la salud se deben tomar medidas         preventivas (vigente en la Ley General del Ambiente -25675-).

El fallo del máximo tribunal provincial, en un caso de la ciudad de         Alberti, marcó un precedente. Se produjeron fallos similares en       tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez y Dolores,           entre otros. El último, en 2018, prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros en Chascomús. En Entre Ríos, un fallo inédito protegió las escuelas: 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros si son aéreas. Decenas de ordenanzas fijan distancias de entre 500 y 1000 metros.

El gobierno de Buenos Aires desoyó los fallos judiciales y en base a         una propuesta de los empresarios de agro emitió la resolución 246,               de 11 artículos, que con lenguaje técnico y negador de estudios     científicos permite distancias cero para fumigar con agrotóxicos.           "Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El       actual modelo de producción agroindustrial está afectando             gravemente a la población en general, y en particular a las           comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente             a los graves riesgo de daños en la salud", denunció Daniela Dubois,             de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles. Ana Zabaloy, docente rural de San       Antonio de Areco, sufrió en carne propia las fumigaciones junto a       alumnos y salió a luchar para que no los fumiguen más. "Es           vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en primera persona el costo humano de este modelo basado en       transgénicos y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida           con el cierre de escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual:         es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio", afirmó         Zabaloy.

"Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos,         poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la       afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria",           denunciaron la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red         Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de           Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama),       entre otros.

La decisión del gobierno de Vidal va en línea con el gobierno nacional         y se basa en una propia creación empresaria: las "buenas prácticas agrícolas" (BPA). Se trata de una seria de supuestas acciones que permitirían que los agroquímicos no afecten la salud. Las "pruebas a campo" se hacen con agua (en lugar de agrotóxicos) y bajo           condiciones ideales de viento y humedad (que muy pocas veces se         dan en el campo). Según esos ensayos se puede fumigar hasta la         puerta de las viviendas y escuelas.

Las BPA son impulsadas por las empresas que venden los           agrotóxicos y transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Incluso conformaron en Argentina la       "Red BPA", integrada por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid),       el INTA, Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre otros.

Gabriel Arisnabarreta es parte de la organización Ecos de Saladillo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar. "Esta resolución viola los derechos existentes, es criminal y autoritaria porque pretende         pulverizar encima de los barrios, de las bocas de agua para consumo             y de las escuelas. Vamos a accionar legalmente en toda la provincia     para evitar que esta resolución criminal pueda aplicarse", advirtió.

Fuente: La Voz de Tandil