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Instrumentan la mesa de diálogo para analizar la superpoblación en cárceles

«Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución», explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, tras participar de una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, en La Plata.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof firrmó hoy un decreto que crea            una mesa de diálogo para buscar soluciones al problema de la      superpoblación carcelaria la provincia de Buenos Aires.

"Queremos que se advierta que hay una posición firrme de este gobierno          de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución", explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio      Alak, tras participar de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, en            La Plata.

De hecho, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ya había remarcado            de la necesidad de instrumentar una mesa con representantes de los tres poderes del Estado, así como también organizaciones de derechos        humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

Alak explicó que el objetivo de esa mesa, que se reunirá esta semana por primera vez y trabajará también en enero, será el de "analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están            en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto a sus condiciones de detención".

Explicó que "la herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda" y detalló que las cárceles bonaerenses "tienen una capacidad para alojar                a 23.000 personas pero aquí hay 49.000 internas e internos", por lo que        evaluó que "tenemos la superpoblación penitenciaria más grande del país".

"Hay 4 mil detenidos con prisión domiciliaria y otros 4 mil en comisarías", apuntó Alak y aseveró que el universo total de detenidos asciende a            57.000. El funcionario dijo que la provincia de Buenos Aires "es la única denunciada y sancionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus sistema carcelario porque su situación es muy grave"              y expuso que ello se agudizó en los últimos meses "producto de la falta            de alimentos y medicamentos".

Luego, manifestó que el Tribunal de Casación penal "calificó esta            situación como una crisis humanitaria" y añadió que "en primer lugar tendremos que analizar si los datos que tenemos son certeros".