A raíz del avance del coronavirus, el Gobierno dispondrá el cierre total          de las fronteras de la Argentina hasta el 31 de marzo. Así lo establecerá        un Decreto que será publicado en el Boletín Oficial de este viernes y            que sólo contemplará algunas excepciones.
En primera instancia, la normativa dispondrá la ampliación “de los      alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y      cualquier otro punto de acceso dispuesta por el Decreto N° 274 del                16 de marzo de 2020, a partir de la entrada en vigencia del presente,                a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas        con residencia en el exterior. Esta ampliación estará vigente hasta el              31 de marzo, inclusive, del corriente año”.
El Decreto 274 había establecido la misma prohibición, pero para      “personas extranjeras no residentes en el país”. Es decir, la          imposibilidad para ingresar al país se hará extensiva a todos los      residentes de la Argentina, nativos o extranjeros, y también a los compatriotas que viven en el exterior.
Por otra parte, la Resolución N° 567 del Ministerio de Salud ya había determinado la prohibición de ingreso al país, por un plazo de 30                días “de las personas extranjeras no residentes que hubieren            transitado por zonas afectadas en los 14 días previos a su llegada”.
En cuanto a la nueva medida, el artículo 2° determinará las            excepciones para:
- Las personas que estén afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y      lacustres.
- Los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves.
- Las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados          sanitarios.
“Sólo van a poder ingresar quienes tengan situaciones excepcionales”, había adelantado ayer Alberto Fernández, en una entrevista cedida a      Telefé.
“Por ahora hemos decidido no ingresar más gente. Le he instruido al Canciller (Felipe Solá) para que ayude con recursos a los que están              en el exterior para que podamos ordenar este tema”, había agregado              el Presidente, aclarando que los argentinos que se vean              imposibilitados de regresar al país contarán con la asistencia del          Estado.
“En lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique,                  van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora          los regresos están suspendidos, y la entrada por las fronteras también. Estamos tratando de reglamentar el ingreso de los mayores            de 65 años. El resto que esperen un poco. Los iremos a correr                cuando el riesgo argentino sea manejable”, completó el mandatario, en alusión a uno de los grupos de mayor riesgo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi se refirió hoy a los argentinos varados en el exterior. “Vamos a ir regulando los que entran          a medida que se vaya evaluando la situación en el país. Su ingreso dependerá de si el sistema de salud pública puede absorberlos. No queremos que esto genere que tengamos que enfrentar a la pandemia        con complicaciones”, explicó en declaraciones a C5N.
En tanto, entre los considerandos del nuevo Decreto se recuerda que          “se estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en los términos allí indicados, desde el 20            hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar      este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”.
Asimismo, se destaca que, si bien “la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el inciso 5 del artículo 22 que nadie      puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni            ser privado del derecho a ingresar en el mismo”, ese mismo organismo dictaminó que “en caso de guerra, de peligro público o de otra        emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado          Parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el        tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,          suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esa Convención”.
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