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Presos sueltos, intendentes atados

Bajo este título La Tecla se refiere a la preocupante situación.    Entre otros distritos y cárceles se refiere a la Unidad 30 y General Alvear en la nota.
«En General Alvear desde el 20 de marzo a la fecha se fueron          con el beneficio de la domiciliaria un centenar de reclusos,     incluido uno oriundo de la ciudad, que según contó una fuente cercana al penal, cumplía condena por abuso de menores. Los dardos apuntan a la Jueza de ejecución del departamento          judicial de Azul, Silvia Torres».

Por supuesto, nadie o casi nadie piensa en que el recluso haya          reencausado su vida o que vaya camino a eso. Nada más lejano. El              común de la gente piensa todo lo contrario. Por eso el miedo al regreso            del preso al pueblo o la gran ciudad. El mismo miedo que tienen los intendentes del interior y el Conurbano, del oficialismo y la oposición.              Por eso el escándalo. ¿Si en el marco de la libertad o arresto domiciliario            de la polémica se les ocurre reincidir, quien se hace cargo?

Tanto el gobierno provincial como el nacional intentan desligarse del          asunto, seguramente con razón, y patean la pelota para el lado de la          Justicia, para la Procuración y hasta alguno que otro se animó a              sacudirle a la gestión de María Eugenia Vidal. Hablaron el presidente          Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Justicia            Julio Alak, jueces, fiscales, ex jueces y ex fiscales, entre tantos otros.

Y también lo hizo el titular de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, que            fue el único de los dirigentes del oficialismo que no habló como político,        sino como parte de la sociedad. No son pocos los jefes comunales que destacan su figura. "No puede ser que liberen a un violador y se vaya a            vivir a una cuadra de la víctima que violó. Es sentido común, me da        vergüenza tener que aclararlo", dijo el funcionario, como siempre, sin        vueltas.

La resolución firmada por el Juez de Casación, Víctor Violini, es clara.                No habla de libertad, sino de prisión domiciliaria, destaca que será              durante el período de vigencia del aislamiento y solo para la población              de riesgo detenida por delitos leves. “El Habeas corpus colectivo que          resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con              armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia”, señaló en su cuenta de Twitter el magistrado.