La invitación es para el próximo sábado 4 de julio. No hay horario ni un        lugar puntual todavía: la promoción de la fiesta la sitúa en Quilmes.               La “Not Covid Party” sería solo para quienes compren entradas      anticipadas y acrediten haberse recuperado del coronavirus con un certificado médico. “Ya somos muchos los recuperados. Muchos los          que contribuímos con nuestra donación de plasma. ¿Está mal que      después de tanto tengamos un pequeño festejo en honor a la salud?”, anunciaba el flyer, con un tono provocativo.
El Municipio de Quilmes presentó una denuncia ante el Juzgado            Federal de la localidad del sur del conurbano bonaerense, a cargo del      doctor Luis Armella. “Venimos por medio del presente a formular        denuncia penal por la comisión de los delitos contra la salud pública, administración y orden público, previstos en los arts. 202, 205, 213 y          239 del Código Penal de la Nación, contra las o los responsables de la denominada ‘NOT COVID PARTY’”, reza el documento.
Desde la secretaría legal y técnica del órgano municipal, informaron            que el último domingo advirtieron que había una publicación en redes sociales, impulsada desde una cuenta de instagram, donde se          convocaba a una fiesta clandestina con una estimación de 300        participantes, quienes iban a acordar el lugar del festejo. “Luego de            una pequeña búsqueda pudimos identificar a uno de los organizadores.      Lo contactamos telefónicamente desde la agencia de fiscalización y      control comunal para explicarle de las consecuencias penales que            tenía realizar la fiesta, este manifestó estar bien asesorado y que iba a realizarla de todos modos”, apuntaron.
Se sorprendieron con la contestación. Lejos de retractarse o          desmentirlo, el organizador expresó su intención de llevar adelante la celebración, o como describieron desde el Municipio, "una actividad        ilícita y clandestina". En la denuncia, citan el artículo 4 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020: "Cuando se constate la existencia            de infracción al cumplimiento del 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de          inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y      concordantes del Código Penal".
En los objetos que fundamentan la presentación, aseveran que la promoción de una fiesta privada “indica no sólo un atentado al orden público, a la tranquilidad de las personas, sino que es también la oferta y promoción de un objeto ilícito”. Y recurren al artículo 5 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, el que estableció el comienzo de la cuarentena aquel viernes 20 de        marzo: “Durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas”.
En la denuncia también cuestionan el uso irresponsable de las redes sociales, “a través de la viralización de contenidos que fomentan      conductas nocivas para la salud y seguridad de los vecinos, alterando          el orden público”. Solicitan la intervención del Ministerio Público Fiscal, precisamente la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), para localizar las IP intervinientes en las publicaciones en      internet, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de precisar si existe una posible maniobra de evasión impositiva.
La denuncia de la Municipalidad de Quilmes plantea el cometimiento              de una serie de delitos contra la salud y el orden público: la            propagación de una enfermedad contagiosa, la violación de las            medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia, la apología de un delito y resistir o desobedecer a un funcionario público        en el ejercicio de sus funciones.
Alberto de Fazio, secretario de Comunicación de Quilmes, dijo que los organizadores no figuran en el registro de recuperados y aseguró:              “No lo van a hacer porque lo vamos a impedir. Además de              perjudicarse ellos solos, también perjudican a la comunidad”.