Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto y responsable del Observatorio de Derechos de NNyA, explicó que la idea surgió a partir de distintos resultados de relevamientos realizados por la Defensoría.
Por ejemplo, el último estudio cuantitativo y cualitativo, elaborado de forma conjunta con el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata (CNLP/UNLP), mostró que no todos los alumnos/as tienen acceso a Internet. A su vez, entre quienes tienen conectividad, 1 de cada 10 manifestó dificultades a la hora de disponer de equipos ya que en su entorno familiar son varios hermanos/as y en algunos casos, producto del trabajo de los padres, tienen que compartir el celular y/o la computadora. A su vez, varios de los/as jóvenes entrevistados/as advirtieron sobre la necesidad de mejorar la calidad del servicio de Internet en los barrios, y expresaron su preocupación debido a que el acceso al servicio de datos no es libre.
“Con esta guía, intentamos colaborar con docentes, estudiantes, padres y madres en este contexto tan particular que nos toca vivir por la pandemia del covid-19, teniendo muy presente la masividad que tiene la telefonía celular e Internet en nuestro país, y sabiendo que la calidad del servicio no siempre es la mejor. Por ello resulta fundamental hacer más eficiente los tiempos de navegación en la red”, explicó Martello.
Acceso a Internet como derecho humano
Según el último informe del INDEC sobre accesos a Internet, dados a conocer la semana pasada, en la Argentina la tasa de crecimiento de los accesos mediante telefonía móvil es siete veces superior respecto a los accesos desde puntos fijos o residenciales (redes telefónicas, operadores de cable, fibra óptica al hogar e inalámbricas fijas).
Cabe destacar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció, en el año 2016, que el acceso a Internet es un derecho básico y afirmó “la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet”.
“Creemos que, producto de algunas decisiones adoptadas por el gobierno anterior, como fue el desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad, hubo un retroceso en las políticas para reducir la brecha digital, que ahora se intenta revertir. Una de las claves de la acción estatal debe ser garantizar que los/as NNyA tengan un acceso adecuado, asequible y seguro a los dispositivos, así como asegurar que haya una buena conectividad”, explicó Martello.
El Defensor del Pueblo Adjunto también destacó la necesidad de tener en cuenta una de las principales Observaciones del Comité de Derechos del Niño respecto al covid.19. Concretamente, debe contemplarse que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno/a-maestro/a.
La enseñanza on line es una alternativa creativa al aprendizaje en el aula, pero plantea desafíos para los/as NNyA que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o Internet o que no cuentan con el acompañamiento adecuado de los padres. Por ello el Comité exhortó a que estén disponibles soluciones alternativas para que estas niñas, niños y adolescentes se beneficien de la orientación y del apoyo brindado por las y los docentes.
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