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 Distribuidoras eléctricas no podrán cortar      el servicio a grupos vulnerables por falta        de pago

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos firmó la resolución que impide la interrupción del suministro.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos estableció que las distribuidoras del servicio eléctrico bajo su jurisdicción no podrán, en el contexto de la emergencia sanitaria, disponer de la suspensión o el corte        del suministro de energía eléctrica en caso de mora o falta de pago de          hasta tres facturas consecutivas con vencimientos desde el 1° de marzo            de 2020.

Los usuarios alcanzados por la Resolución, que fue publicada en el            Boletín Oficial son: beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)        y la Asignación por Embarazo y beneficiarios de Pensiones no          Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a          dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

También serán alcanzados por la medida usuarios inscriptos en el          Régimen de Monotributo Social, jubilados, pensionados y trabajadores              en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor            o igual dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Así como también trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y usuarios que perciben seguro de desempleo; Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351; usuarios i      ncorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados        de Casas Particulares (Ley N° 26.844) y exentos en el pago de ABL o          tributos locales de igual naturaleza.

Por otro lado, los usuarios alcanzados no residenciales son:

-Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo      dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo    establezca la reglamentación;

-Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo Y Economía Social (INAES) afectadas          en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

-Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la          emergencia, según lo establezca la reglamentación;

-Las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y    distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Según se informó oficialmente, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos facultó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la        Provincia de Buenos Aires (OCEBA) a determinar las pautas y condiciones    para la implementación de las medidas adoptadas. (DIB)