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 Causa Vialidad: piden 12 años de prisión para Cristina e inhabilitación para cargos públicos

Del mismo modo, solicitó para el exsecretario de Obras Públicas, José López, la pena de 10 de cárcel

La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de      la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años        de prisión y que se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la    "jefa de la asociación ilícita" a la que se acusa, además, de haber        cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.

"Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la    confianza de la sociedad en las instituciones", dijo Luciane en la última jornada de alegatos Y añadió: "Nuestro único objetivo fue buscar la      verdad. "Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia.            Y ustedes tienen la decisión".

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue        principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados y la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de        los motivos de la maniobra ("el lucro personal buscado") y el      "apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos".

Luciani también ponderó "el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular      que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas    que se quedaron sin trabajo". Y aseguró que la ex presidenta "defraudó          a los ciudadanos que la votaron".

"No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado          nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar      la finalidad de lucro tan anhelada", concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. "No encuentro ni un    solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos",      sostuvo el fiscal.

En tanto, Luciani pidió para el empresario Lázaro Báez la pena de 12 de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, y partícipe primario del delito de defraudación al Estado. Para el es ministro de Planificación, Julio de Vido, reclamó 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada en          calidad de organizador y administración fraudulenta agravada, que    concurren de manera real.

Del mismo modo, solicitó para el exsecretario de Obras Públicas, José López, la pena de 10 de cárcel, inhabilitación perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, y el delito de administración fraudulenta agravada al Estado. La misma pena solicitó      para el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Los pedidos de penas alcanzaron también para Mauricio Collareda (seis    años de prisión), Juan Carlos Villafañe (seis años de prisión), Raúl        Osvaldo Daruich (cinco años), Raúl Pavesi (cinco años), Claudio Abel      Fatala (cuatro años), José Raúl Santibañez (cuatro años), Héctor René      Garro (tres años de prisión en suspenso), todos con inhabilitación      perpetua para ejercer cargos públicos. A Carlos Santiago Kirchner le          pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.

En la audiencia de este lunes el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de        5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. "Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos", planteó          Luciani. (DIB) FD