Informe Anual 2021 sobre Violencia por Razones de Género en Adultas Mayores
En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires presenta el Informe Anual 2021 sobre consultas realizadas a la Línea 144 PBA por Personas Adultas Mayores en situación de violencia por razones de género.
El trabajo fue realizado por el equipo de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, a cargo de Flavia Delmas, con el objetivo de visibilizar los alcances de la problemática en la Provincia y proyectar acciones y políticas para la prevención y erradicación de las violencias en todas sus modalidades y ámbitos.
Las teleoperadoras y teleoperadores especializados de la Línea 144 PBA atendieron 1.449 consultas de personas adultas mayores de 60 años. El período analizado incluye también las situaciones de violencia por razones de género ingresadas por los mensajes de WhatsApp y correo electrónico que el Ministerio tiene a disposición.
Las consultas recibidas se vinculan a 905 personas en situación de violencia por razones de género; de ese total, el 77% realizó una sola consulta y el 23% restante, más de una. El 99,8% de las adultas mayores que se contactaron fueron mujeres: el 75% tiene entre 60 y 74 años. Y, en su gran mayoría, se comunicaron para solicitar información y asesoramiento (90%), mientras que un 5% refirió situaciones de emergencia.
El informe también señala que durante 2021 la dirección provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos abordó 5 femicidios de mujeres adultas mayores de 60 años, 4 de los cuales fueron cometidos por las parejas de la víctima. La cifra representa casi un 70% menos que en 2020, cuando se registraron 16 femicidios.
Quienes más se contactaron a la Línea fueron las propias personas en situación de violencia (84%), seguidas por familiares (11%) y en menor medida por vecinas y vecinos, y otros (2% en ambos casos). Apenas un 0,3% de las consultas fueron realizadas por profesionales o referentes institucionales.
Los llamados se originaron en 75 municipios bonaerenses, y el 60% se concentra en 11 distritos: La Matanza (11%); La Plata (11%); General Pueyrredón (6%); Tres de Febrero (6%); General San Martín (5%); Morón (5%); Malvinas Argentinas (4%); Lomas de Zamora (3%); Berazategui (3%); Presidente Perón (3%); Zárate (3%).
La modalidad predominante en el período analizado es la violencia doméstica que se da en el 93% de las consultas atendidas, mientras que los tipos de violencia que caracterizan las situaciones analizadas son: psicológica (96%), simbólica (77%), física (61%), económica y patrimonial (52%) y sexual (14%). En su gran mayoría, las consultas corresponden a situaciones de violencia doméstica ejercida por sus parejas o ex parejas, en el 52% de los casos, y por sus parientes directos y otros parientes en el 41%.
El 87% de las personas que ejercen la agresión son varones; el 30% son mayores de 65 años. En cuanto a los factores de riesgo asociados –en cada caso puede haber más de uno- el 31% tiene algún tipo de consumo problemático de sustancias; el 31% refirió antecedentes de violencia y el 7% se identificó como perteneciente a alguna fuerza de seguridad: el 25% a la policía provincial bonaerense; el 13% a seguridad privada; 11% al Servicio Penitenciario; el 9% a las Fuerzas Armadas; el 8% a la Policía Federal y 8% a otras fuerzas de seguridad.
Los factores de riesgo que aparecen con mayor frecuencia son amenazas de muerte (36 %) y antecedentes y lesiones (19%), y le siguen uso de armas (17%), aislamiento (15%), presencia de menores (13%) y discapacidad (13%).
El 55% de las mujeres manifestó contar con parientes no convivientes en su red social de contención; 27% con amigas y amigos o vecinas y vecinos y el 19% con parientes convivientes. En menor medida (6%), se referenciaron con instituciones comunitarias.
El 67% de los casos fueron articulados con servicios gubernamentales especializados en violencia de género, mientras que un 39% se derivó a la policía provincial, 13% a juzgados y 3% a servicios no gubernamentales.
