Por Marcelo Metayer, de la redacción de DIB
El 14 de abril de 2014 era un lunes habitual de otoño en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Marisol Oyhanart (38) salió a caminar a la hora de la siesta, como hacía cada tarde. Desde su casa en el centro de la localidad se dirigió hacia una pista de atletismo cerca de la ruta. Se cruzó con otras dos mujeres que también hacían ejercicio y la saludaron. Mientras tanto su marido, Sergio Rachid, dormía. Lo despertó una llamada telefónica: era su hija mayor, a la que Marisol iba habitualmente a buscar a la escuela luego de sus ejercicios. La mujer no había acudido. Pasaron las horas y no volvía. A las 19 Sergio fue a la comisaría para denunciar la desaparición de Marisol. La buscaron toda la noche y recién la encontraron al otro día, a la salida del sol. Muerta. El cadáver estaba entre pastizales, a unos 20 metros del camino, boca arriba y vestido con las mismas prendas con las que había salido de su casa. La autopsia reveló que la habían ahorcado. Quién, por qué, y qué hay detrás del femicidio, son las preguntas que a casi siete años del hecho continúan sin certezas.
Saladillo es una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, con unos 30.000 habitantes. Lugar tranquilo: el último crimen había tenido lugar en 2011, como reconoció el secretario de Gobierno de la localidad, Mario Buezas, cuando encontraron el cuerpo de Marisol. Pero el crimen de la mujer, maestra jardinera y madre de tres hijos, hizo a mucha gente pensar en el más temible caso sucedido en Saladillo: los asesinatos de Miguel Alberto Gobia, el “asesino de la tormenta”, ocurridos en 1995. De hecho, dado que Gobia estaba libre desde 2010, más de uno quiso vincularlo con la muerte de Oyhanart.
Irregularidades
La realidad es que el cuerpo de Marisol fue hallado en un lugar donde ya se había rastrillado antes, lo que de inmediato despertó sospechas. De hecho, la búsqueda de la mujer había sido suspendida durante cuatro horas durante la madrugada. Los peritos concluyeron que el cadáver fue colocado en ese lugar después del rastrillaje policial. Más tarde se vería que la investigación policial traería aún más dudas, errores y misterios. Por ejemplo, desaparecieron la calza y las zapatillas que la víctima llevaba el día que la mataron. En las calzas había quemaduras que habrían sido producidas por el encendedor de un automóvil, con el que la habrían torturado.
En tanto, el marido de Marisol permaneció unas cuantas horas en la comisaría de Saladillo mientras era interrogado en profundidad. Se dice que al principio se habían detectado contradicción en su declaración. Pero no encontraron motivos para detenerlo y volvió a su casa el 16 de abril.
La investigación continuó y se detuvo a un sospechoso días después. Se trató de Jonathan Bianchi (25), un joven con antecedentes por robo y denuncias por violencia de género, que según testigos había sido visto en la zona del crimen.
Mientras, se conoció que la mujer había sido brutalmente golpeada y ahorcada, y que había fallecido después de las 21 del 14 de abril. Así, cobró fuerza la hipótesis de un secuestro, y de que el cuerpo fue plantado en el lugar donde se lo encontró en esa “ventana” de cuatro horas en el las que se detuvo la búsqueda.
¿Dónde estuvo Marisol hasta que la asesinaron? Un detalle que llamó la atención a los investigadores fue que podría haber conocido al asesino: su cuerpo no presentaba heridas compatibles con lesiones de defensa ni tenía restos de piel ajena bajo las uñas.
Los siete sospechosos
Varios meses después del crimen no había ninguna certeza y sí muchas sospechas de irregularidades en la investigación policial. Tras una populosa marcha en Saladillo pidiendo “Justicia por Marisol”, la causa cambió de manos: de la fiscal Patricia Hortel pasó a Marcelo Romero. Todavía habría otro cambio, más adelante.
La fiscal Hortela había pedido la detención de Bianchi, a quien todos llamaban “perejil”, es decir, un acusado que nada tenía que ver. Sin embargo, César Melazo, juez de Garantías de La Plata, rechazó la solicitud. Luego, ante el estancamiento de la investigación los abogados de la familia de la víctima recusaron a la fiscal Hortel y pidieron que se la aparte de la instrucción del sumario. Los letrados también presentaron un escrito en el que describieron una serie de irregularidades que avalaban la presunción de que al menos siete policías plantaron pistas falsas para desviar la investigación hacia Bianchi.
Un amante
La olla pareció destaparse a principios del año siguiente, cuando un efectivo de la comisaría de Saladillo declaró como testigo en la causa y denunció la presunta trama del encubrimiento policial, que se habría pergeñado para desvincular del crimen a un poderoso empresario agropecuario de la zona. Al parecer este estanciero era amante de Marisol y habría pagado un millón y medio de pesos para encubrir las pruebas del femicidio. Como nunca estuvo imputado, no se conoce su nombre, al menos no públicamente.
La hipótesis que comenzó a manejarse entonces fue que este supuesto amante, luego de matarla, llamó a los policías para que lo ayudaran a desprenderse del cuerpo. Los efectivos, tras colocar el cuerpo en la zona de taperas donde fue hallado, intentaron involucrar al marido de la víctima. Esto no funcionó y trataron de hacer lo mismo con Jonathan Bianchi, pero tampoco tuvieron éxito.
La investigación encontró, más tarde, que habían desaparecido imágenes de una cámara de seguridad ubicada en la esquina de en Saavedra e Irigoyen, en Saladillo, que presuntamente registró el paso de la maestra jardinera y de un automóvil en el que la habrían seguido.
Imágenes borradas
Cuando Marisol fue asesinada, el oficial principal de la Policía bonaerense Pablo Fernando Gallo se desempeñaba como jefe de calle de la comisaría de Saladillo. Desde ese puesto, el uniformado participó de la búsqueda de la maestra jardinera. Tras el hallazgo del cuerpo una de sus tareas consistió en ir a buscar la computadora donde estaban guardadas estas imágenes, que hubieran sido claves para la resolución del caso. Pero cuando la PC fue devuelta faltaba el registro correspondiente al lapso entre las 15 y las 15.30 del fatídico lunes 14.
Tras la investigación sobre los policías que habrían actuado para borrar pruebas, y sobre la primera fiscal actuante, fue el mismo Gallo quien quedó imputado por la nueva fiscal Ana Medina, de la UFI 1 de La Plata. El oficial está acusado de “encubrimiento” agravado por haber sido cometido por un funcionario público.
“Estamos estancados”
Un año atrás, antes de que el término coronavirus fuera de uso común en nuestro país, parecía que el cerco sobre el caso se estaba cerrando y que el muro de silencio levantado para encubrir el crimen de Marisol iba a desaparecer. Pero, como reconoció lacónicamente la fiscal Medina a DIB, hoy “no hay mucho nuevo para decir. La verdad es que estamos estancados. No aparecieron nuevas pistas, y la pandemia no colaboró”.
En poco tiempo se cumplirán siete años del brutal femicidio, por el que no hay detenidos. El misterio del crimen continúa enlutando a Saladillo, una ciudad que no dejó ni deja de reclamar justicia por la maestra jardinera que salió a caminar una tarde como cualquiera y nunca regresó. (DIB) MM
